La República
Sociedad
Medidas. Balance de Ong concluye que acciones del gobierno aún son insuficientes. En lo que va del año detectaron a 798 víctimas. Estudio revela que entidades estatales no cumplen del todo lo estipulado en la ley contra la trata.
Imagine que de la noche a la mañana y sin explicación alguna, su pequeña hija o su niño engreído desaparecen de su vida. Ahora imagine que después de meses de búsqueda lo encuentra y le narra que fue abusado incontables veces por un sujeto despreciable. Esto, que parece ser la peor de las pesadillas de cualquier padre, es una cruda realidad que afecta al país. Este horror es uno de los principales fines de la trata de personas: la explotación sexual de menores.
Por esta amenaza creciente, el Perú viene implementando desde el 2007 la Ley Nº 28950 contra la Trata de Personas, en la que se precisan las obligaciones de cada una de las entidades estatales encargadas de combatir este delito. Sin embargo, no todos están cumpliendo con sus obligaciones como deberían.
Visible a medias
Pero vayamos al principio. Hace una década no había registros oficiales sobre la trata. Hoy, según estadísticas del Sistema RETA de la División Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (Divintrap) de la Policía Nacional del Perú, desde enero hasta el 31 de setiembre del 2010 lograron identificar en el país 318 casos de trata de personas (247 para explotación sexual y 49 para explotación laboral). En ellos se contabilizaron 798 víctimas, de las cuales 483 eran menores de edad y 447 mujeres entre los 14 y 17 años.
Pero si estas cifras resultan alarmantes, más lo es la apreciación del jefe de la Divintrap, el coronel Herbert Rosas: “Estas cifras solo revelan el 10% de lo que hay en realidad”. Para él, su división, que tiene recién dos años de creada, debería tener más efectivos y apoyo logístico. “Tenemos miles de objetivos pero solo podemos cumplir con unos cuantos”, dijo. Aun así, hace dos meses en un operativo en Talara lograron liberar a 52 personas víctimas de trata de personas.
Casos sin judicializar
Justamente, si bien hay avances, el Segundo Balance de la Implementación de la Ley 28950 contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y su Reglamento, elaborado por CHS-Alternativo indica que “las acciones del gobierno contra la trata son aún insuficientes”.
Otro de los vacíos que reconoce dicho estudio se refiere a la prevención del delito. El documento sostiene que el Ministerio de Educación aún no ha identificado a la población vulnerable en los colegios ni el Ministerio de la Mujer ha implementado el registro de asistencia de los niñas, niños y adolescentes ni a mujeres víctimas de ese delito; así como tampoco ha coordinado con el Gobierno Central una infraestructura para acoger a las víctimas. Lo que es peor, la mayoría de casos no se judicializan porque la administración de justicia peruana desconoce mucho de la trata, señala el balance. Empero, aun con las deficiencias expuestas, considera que hay avances en la lucha contra la trata respecto al 2009.
“Falta decisión política”
Ahora, si existe una ley que establece las funciones de cada entidad para combatir la trata, ¿por qué persisten los incumplimientos? A decir de Joaquín Pinto, especialista de CHS Alternativo, que trabaja contra la trata de personas, el Gobierno Central se ha esforzado por conocer el problema de la trata y combatirlo, pero “existe una falta de decisión política para que se cumpla con todas las medidas dispuesta en la ley”. Esta razón, sostuvo, “es más valida que el argumento de poco presupuesto”.
Pero, usted, no se quede de brazos cruzados. Si sabe de algún caso de trata llame a la línea 100 del Mimdes, al 0800-2-3232 del Mininter o a CHS Alternativo marcando al 4465834. Podría salvar una vida.
Administración de justicia desconoce delito
El abogado Alberto Arenas sostuvo que cuando se sigue un proceso en contra de un “tratantes de personas”, su defensa argumenta que solo es un “proxeneta” para así reducir su pena de 25 años a una de 8 años o menos. “La administración de justicia desconoce sobre la trata”, indicó.
Para la directora ejecutiva de CHS Alternativo, Andrea Querol, la rehabilitación de una mujer que ha sido explotada sexualmente se puede conseguir “con seis meses o un año de terapia psicológica, al menos una vez por semana.
Actualmente, junto a CHS Alternativo, los Ministerios del Interior, Educación, Salud, entre otros, conforman el grupo multisectorial que viene realizando actividades de difusión y prevención como parte de la Primera Cruzada Nacional de Lucha contra la Trata de Personas.
